El inicio de la explotación de Bajo El Durazno, en cambio, es una ruptura nítida. La escena minera catamarqueña no había registrado novedades significativas desde que se habilitara Bajo La Alumbrera en 1997. En los 18 años de política minera provincial que separan a ambos emprendimientos, se destacaron la pelea por la fórmula de cálculo de las regalías en la gestión de Arnoldo Castillo, la superación de este conflicto bajo Oscar Castillo, la frustrada y finalmente escandalosa reactivación de SOMICA DEM con Eduardo Brizuela del Moral, el despilfarro de la renta millonaria arrojada por Bajo La Alumbrera y, en gran medida como consecuencia, el crecimiento de la prédica antiminera, sobre todo en los departamentos del oeste provincial.
Bajo El Durazno rompe esta decepcionante inercia, con un elemento adicional que potencia políticamente el acontecimiento: su apertura se produjo mientras la inversión minera en todo el país está paralizada a la espera de que se disipe la incertidumbre económica.
La gobernadora Lucía Corpacci, en contraste con el discurso desplegado por el secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, no se privó de señalarlo. "Hoy no es el momento más floreciente de la minería. Lo voy a decir tal como es: a nosotros nos tocó la fase de declinación. El Gobierno saliente recibía de utilidades de 300 a 340 millones. Cuando asumimos recibimos menos y cada día un poco menos, a punto tal que en 2014 llegamos a recibir 135 millones. Sumemos la inflación, sumemos todo lo que pasó y entonces fíjense cuál fue la situación de este Gobierno provincial en relación con la minería. Pero yo hago eje en esto porque ahí es donde uno puede hablar de los que es política de Estado”, dijo.
Se anota también como un avance el hecho de que YMAD, y la Provincia a través de ella, participe en el 30% de las utilidades que se obtengan en lugar del 20% que tiene en Bajo La Alumbrera. Manuel Benítez, presidente de YMAD, agradeció al Gobierno provincial la contribución para generar "un ambiente de paz social” en torno a la actividad minera.Con el poroto de Bajo El Durazno en el buche, el Gobierno cerró la semana con otra noticia minera auspiciosa. La sociedad del Estado Catamarca Minera y Energética (CAMYEN) llegó a un acuerdo con Yamana Gold, propietaria de los derechos sobre Agua Rica. La firma desistirá de los reclamos judiciales por 17 yacimientos ubicados en el área de Cerro Atajo, que de este modo pasan a formar parte de los activos de la CAMYEN. Ambas empresas explorarán juntas Cerro Atajo, de acuerdo con un plan de inversión para los próximos tres años en el que se invertirán en principio 2,7 millones de dólares. En caso de que Cerro Atajo resulte económicamente viable, la participación de CAMYEN en las utilidades de Agua Rica pasará del 3 al 5%.
Lo que falta
Como Discépolo dijo en el tango "Uno”, la experiencia hace imposible "querer sin presentir”. Los precedentes de Bajo La Alumbrera moderan los entusiasmos con lo que pueda ocurrir con Bajo El Durazno y la capitalización de la estatal CAMYEN. No supone deméritos a lo logrado por el Gobierno señalar algunas similitudes. En 1997 Catamarca no solo habilitaba Bajo La Alumbrera con participación en las utilidades a través de YMAD y su Estado tenía el 51% del paquete accionario de SOMICA DEM, sino que además el panorama nacional, ley de Inversiones Mineras y polémica mediante, era más promisorio para la actividad minera que el actual. Pese a esto, y al éxito de la explotación del yacimiento, las expectativas sociales abiertas por la supuesta concreción del largamente postergado "sueño minero” catamarqueño no se cumplieron.
Las utilidades y regalías de Bajo La Alumbrera se malversaron y SOMICA DEM fue vaciada al punto que un fallo de la propia Corte, luego desconocido por el Gobierno de Brizuela del Moral, determinó su disolución.
La puesta en marcha de Bajo El Durazno supone un repunte de los ingresos provenientes de la minería para las arcas públicas y la capitalización de CAMYEN significa posicionarla para negociar la participación del Estado en futuros emprendimientos, pero no hay garantías de que la renta minera no vuelva a dilapidarse ni de que CAMYEN no vaya a seguir el mismo rumbo que la malograda SOMICA.
Establecer mecanismos que blinden los recursos mineros frente a arrebatos demagógicos y corruptelas para invertirlos con criterios tendientes a reconfigurar la matriz productiva de la provincia y a generar condiciones para el desarrollo de actividades sustentables es lo que le falta al Gobierno para perfeccionar la superación del radicalismo que lo antecedió. La experiencia impide, ciertamente, "querer sin presentir”, pero es útil si lo que se pretende es no reiterar errores. El consenso social en torno a la minería requiere una sociedad que perciba y experimente avances en su calidad de vida que acompañen, al menos, los progresos económicos, muy notorios en los últimos años, de la clase política que administra los recursos públicos.
Asegurar el destino de la CAMYEN parece en principio más complejo, pero bastaría con fijar normas que permitan el control efectivo de su desempeño como empresa, control del que careció SOMICA DEM, con el desenlace conocido.
El Ancasti
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