Camps argumentó que el abogado Rodolfo Cecenarro, defensor de Córdoba, fue superior directo de Naame cuando ella ejercía como juez de Control de Garantías en Andalgalá. Según Camps, esta relación sería motivo suficiente para apartar a la jueza debido a la "violencia moral" establecida doctrinaria y jurisprudencialmente.
El fiscal citó el artículo 62 del Código Procesal Penal, que establece que un juez debe inhibirse de conocer un caso si tiene una amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.
Por su parte, la jueza rechazó el pedido de apartamiento y negó tener algún sentimiento hacia el defensor del imputado que pudiera influir en su resolución.
En su decisión, la Corte rechazó el planteo de Camps y recordó que el intendente Eduardo Córdoba, Ramón Antonio Brizuela, Luis Rodríguez, Roberto José Ferril y Pedro Álvarez están imputados por supuesto "homicidio culposo en grado de coautores".
El pedido de apartamiento se realizó después de que la jueza anulara el decreto de determinación del hecho y todas las actuaciones posteriores de la fiscalía. Con esta resolución, la jueza también anuló la imputación para todos los implicados, ordenando reiniciar la investigación desde cero.
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