“Es una denuncia que apunta solamente a embarrar al gobernador Jalil y la senadora Corpacci. Una lectura minuciosa de la denuncia muestra que el diputado Ávila reconoce la legalidad de todo lo que denuncia: el convenio firmado por la ex gobernadora fué analizado y ratificado por la Legislatura provincial. También reconoce que el ARCA como autoridad de aplicación, realizó una auditoría a la empresa minera hace más de seis meses. El Estado catamarqueño se apoyó en una decisión de la Agencia Federal de Ingresos Públicos para establecer un valor de referencia para una materia prima que todavía no cuenta con precio internacional porque no se puede calificar como una commodity. Como consecuencia de todo ese trabajo se realizó una redeterminación del Cálculo de Regalías Mineras y el Aporte Mensual Adicional y la empresa deberá reembolsar a la provincia antes del 2 junio más de 120 millones por el periodo correspondiente a julio 2020 a enero 2022, y en los próximos días, se realizará el nuevo cálculo para el período febrero - abril de 2022, sumado a los controles mensuales, determinados como consecuencia del establecimiento de nuevos criterios de cálculo, ”, aseguró el diputado Aguirre.
“Creo que tenemos que destacar que esta situación involucró a distintos actores institucionales de la provincia . Hubo un señalamiento de un diputado de la UCR, en simultáneo ARCA realizaba una investigación con una auditoría seria y exhaustiva que ya tiene resultados, y hoy tenemos una redeterminación. El problema se planteó, los organismos del Estado auditaron y notificaron, y en este caso una empresa se allanó a las medidas tomadas por ARCA. Entre todos estamos defendiendo los recursos y el patrimonio de los catamarqueños”, enfatizó el legislador.
En este sentido, Aguirre destacó que la empresa minera señalada además de ingresar un total de 127 millones de pesos a las arcas públicas, aportará más 500 mil dólares para la construcción de un hospital que era plenamente demandado por los vecinos de Antofagasta de la Sierra.
“El gobernador Jalil es el primer interesado en que las reglas sean claras y cada empresa tribute lo que debe porque esto representa ingresos que luego se transforman en el financiamiento de las obras que necesitan las catamarqueñas y catamarqueños; como la expansión de la bodega en Fiambalá y aportes para obras de infraestructura, o los puentes de Villa Vil, el pavimento de la ruta a Antofagasta, o el parque solar y la escuela de El Peñón”, enumeró el legislador provincial.
Para finalizar, Aguirre aseguró que “la denuncia de Ávila puede dejar a cientos de catamarqueños del interior sin trabajo, sólo por una especulación política, cuando el estado cuenta con todos los mecanismos legales y administrativos para redeterminar los montos, a partir del precio de referencia puesto por la nación y exigir a la empresa que pague lo que debe y aplicar las sanciones que corresponda. "
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