COMUNICADO ASAMBLEA NI UNA MENOS CATAMARCA: 3J - CON AJUSTE Y REPRESIÓN NO HAY "NI UNA MENOS"
En el aniversario de las movilizaciones de “Ni Una Menos”, la Asamblea de Mujeres y Disidencias denunciamos al Estado por los femicidios y transfemicidios sucedidos en nuestra provincia que aún se encuentran impunes.
Denunciamos al Estado por su inacción en el interior de la Provincia, por falta de planificación y políticas públicas transversales acordes a las condiciones de cada territorio, como lo sucedido a Eugenia Olivera y Vanessa Delgado, quienes fueron víctimas del Estado ausente habiendo denunciado previamente a su femicida. La inacción del Estado a través de la justicia penal y las municipalidades es el común denominador en las denuncia de mujeres por violencia en el interior y en los barrios populares.
Denunciamos al poder judicial por misógino, clasista y racista que niega el acceso a la justicia a las mujeres y disidencias de toda la provincia, profundizando esta situación en localidades del interior, que posee personal que no es idóneo, ni está capacitado (este accionar coloca a los violentos en posición ventajosa y a la justicia como aliado para profundizar y extender la violencia contra la mujer, muy lejos de combatirla) y en claro pacto con los victimarios, retardan las causas, liberan violentos y abusadores mientras las mujeres y disidencias debemos peregrinar las instituciones que nos re victimizan día a día. Sin embargo la justicia no escatima recursos y celeridad cuando se trata de reprimir al pueblo y a las asambleas ambientales demostrando que responde al poder político de los gobiernos de turno. ¿No debe los fiscales y todo el aparato penal prevenir, investigar y evitar la violencia de género, los abusos sexuales y los femicidios? ¿No son los derechos humanos la savia de nuestro estado de derecho? ¿Por qué entonces la justicia persigue a las madres, les vecines y les activistas que defienden la vida, los territorios y el agua?
Denunciamos a la Policía de Catamarca, que es un eslabón más ante la violencia que sufrimos las mujeres y diversidades, ya que nos señalan o se niega a tomar las denuncias por violencia de género en toda la provincia de Catamarca, violentando a las mujeres e infancias. Denunciamos que integrantes de la fuerza asesinan, violan y agreden con total impunidad por el pacto cómplice de las leyes procesales, los jefes y demás autoridades que permiten y avalan la violencia en las fuerzas de seguridad, como lo sucedido en Saujil con Cinthia Aranda.
A la fecha, sólo sabemos que el 63% de las denuncias recibidas en Pandemia fue por violencia de Género en el Valle Central, pues no hay estadísticas de los 13 Departamentos restantes, entre otras causas, porque no hay Policía Judicial en el interior.
Durante los últimos años, la violencia se profundiza producto de la precarización laboral, la desocupación, la pobreza y el hambre que tiene como principales víctimas a las mujeres y disidencias, este es el resultado de las políticas que se profundizan con el pago de la deuda y con el ajuste que exige el FMI, que la deuda la paguen quienes la fugaron no nuestros cuerpos y territorios.
En nuestra provincia resistimos al ataque de nuestros bienes comunes y vitales como el agua, mientras el Estado reprime constantemente a los pueblos que luchan por nuestros cerros y bienes sustentables, se judicializan y encarcelan a les vecinos y vecinas del interior, a madres y abueles que luchan por la salud de sus hijos como la compañera Karina, vecina de Choya en Andalgalá.
Ante esta realidad, es evidente que el Estado tanto nacional como provincial son absolutamente incapaces de evitar que nos asesinen, nos violen y nos golpeen, ya que son los primeros en violentarnos, demostrando así que no le interesa erradicar este formato de opresión y persecución. Cuando existe denuncia sus cómplices del sistema judicial vulnera una y otra vez a les sobrevivientes en sus derechos y libertades.
La defensa de los curas abusadores Juan De Dios Gutiérrez, Renato Rasguido y Moises Pachado por parte del poder judicial, el poder político y el Estado, en su conjunto, muestra la relación carnal de la institución católica con el Estado, que entorpece las causas, que financia la defensa de los curas y que utiliza todo el poder político para garantizar la impunidad. Esta impunidad que no es otra cosa que una garantía, para que los aberrantes hechos sigan sucediendo en el silencio de los templos. Planteamos la separación de la Iglesia y del Estado como base necesaria para conseguir justicia.
Estamos hartas de estructuras vacías, con ausencias de políticas públicas reales, que los programas y ayudas sean usados como proselitismo. Las políticas que se implementan desde el Ejecutivo no inciden en las situaciones de violencia porque no son sistemáticas, planificadas ni diseñas en el territorio, acordes a la situación de emergencia que vivimos las mujeres y disidencias, no impactan en la violencia estructural, ya que no se destina presupuesto y en la mayoría de los casos solo son anuncios mediáticos y programas de cartón. No se da la capacitación en Ley Micaela, perspectiva de género y de derechos humanos para los operadores y trabajadores en general.
Exigimos reales y serias políticas públicas para erradicar la violencia de género; planificadas y acordes a cada territorio, basadas en estadísticas, diálogo y articulación con las organizaciones de mujeres y feministas de base con presupuestos asignados.
Denunciamos la falta de una necesaria asignación presupuestaría para los dispositivos institucionales, la dotación de recursos materiales y el capital humano, profesionales calificados que garanticen una correcta atención de las sobrevivientes. Como también la asistencia material a la víctima y sus familias, con vivienda, alimentos y lo que sea necesarios hasta que salga de su condición de vulnerabilidad.
Denunciamos que desde la entrada en vigencia de la ley N° 27.610 de la IVE, el Ministerio de Salud no garantiza el acceso al derecho a las personas gestantes. De los 151 Centros de salud de toda la provincia, en sólo dos realizan la IVE. Sumado a ello, no hay campañas de comunicación y las personas no pueden acceder por desconocimiento o por las grandes distancias que nos alejan del derecho. OSEP y las obras sociales y prepagas no cubren la práctica de la IVE.
Lo mismo sucede con la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, cuyo programa no se aplica en la provincia, por lo que las conductas misóginas, discriminatorias y violentas se siguen reproduciendo de manera natural en las conductas individuales y sociales. La ESI es una política educativa imprescindible para que les estudiantes puedan desarrollarse con afectividad, libres de estereotipos de género, cuidando su cuerpo y su salud, y valorando la diversidad propia de cada persona. Eliminar la violencia contra las mujeres y diversidades requiere la implementación inmediata y efectiva de la Educación Sexual Integral, laica y científica en todos los niveles educativos, y de modo complementario, teniendo en cuenta todos los obstáculos y dificultades que se presentan entre les docentes. Resulta necesario pensar en el dictado de un espacio curricular que aborde la violencia de género con toda su complejidad, y que este espacio sea cubierto por especialistas en la materia.
Otra ley ninguneada fue la LEY 27.539 - CUPO FEMENINO Y ACCESO DE ARTISTAS MUJERES A EVENTOS MUSICALES. Con la salida del aislamiento se reanudaron los festivales en la provincia y desgraciadamente las mujeres y disidencias músicas otra vez quedamos afuera de las carteleras. Desde el Movimiento de Mujeres Músicas “Margaritas” se ha trabajado en la difusión de la ley pero aun así, les funcionaries han desconocido este derecho ganado. Exigimos que se respete en el Festival Internacional del Poncho 2022 y demás eventos.
Eliminar la violencia contra las mujeres y diversidades requiere políticas económicas que acaben con la feminización de la pobreza, ya que somos nosotras las que sufrimos directamente los golpes de las malas decisiones de quienes nos gobiernan. Trabajadoras somos todas y todes, todas creamos valor, basta de desigualdades y violencias también en los ámbitos laboral y político. En este sentido exigimos la remuneración de los trabajos domésticos y de cuidado ya que pasamos más de seis horas diarias llevando a cabo trabajos de cuidado no remunerados en nuestros hogares y espacios comunitarios, es esencial el salario básico universal que responda a los porcentajes en ascenso de la inflación.
Terminar con las violencias implica también terminar con los extractivismos ecocidas y genocidas que cercenan nuestros cerros, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire. Nuestros territorios y nuestros cuerpos no son mercancías. Denunciamos la política del Estado de judicializar y perseguir penalmente a les que luchan, con el objetivo de desarmar la resistencia por la defensa del agua y de los cerros. Exigimos la libertad de les vecines y compañeres. Basta de represión y persecución a quienes luchan por la vida, el agua y los territorios.
Seguiremos en las calles, en las rutas, en los caminos, en las trincheras barriales, tejiendo redes y acuerpándonos para resistir y luchar contra todas las formas de violencia, hasta que podamos vivir libres.
Por todo esto y mucho más decimos que la deuda es con nuestras vidas y nuestros territorios. Por techo, tierra, trabajo y agua. Vivas, libres y desendeudada nos queremos!
#NiUnaMenos
#ElEstadoEsResponsable
#VivasyLibreNosQueremos
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