Tras catorce días de detención en la mayoría de los casos, ayer pasado el mediodía recuperaron la libertad los diez ambientalistas antimineros que habían sido detenidos por los incidentes del sábado 10 de abril en los que se incendiaron las sedes de Agua Rica y el PJ Andalgalá. Quedaron libres luego de que la fiscal de la Segunda Circunscripción, Marta Nieva, hiciera lugar al cambio de caución. Sin embargo la investigación aún no terminó, y esperan el resultado de las pericias a los teléfonos celulares. La Asamblea El Algarrobo celebró la libertad de sus integrantes e insistieron en la "complicidad de la empresa y el poder de turno para hacernos ver como violentos".
Por intermedio de sus abogados, los ambientalistas pidieron el cambio de la caución real, que se les había fijado en $300.000 a cada uno, a caución juratorio para el caso de dos de ellos y caución personal para los otros ocho. Quienes pidieron la caución juratoria debieron demostrar su imposibilidad de pagar y se les realizará un estudio socioambiental, al margen de que la Fiscalía ya cuenta con información sobre sus realidades tras los allanamientos al momento de sus detenciones. Los que se beneficiaron con este cambio fueron dos de los detenidos que tenían prisión domiciliaria: uno de ellos jubilado, y la otra estudiante.
Los otros ocho consiguieron el cambio a caución personal, que implicó una merma a $150.000, y presentaron fiadores para recuperar la libertad. A su vez, esos fiadores presentaron recibos de sueldo como garantía.
Tal como se informó días pasados, la Fiscalía no encontró elementos para pedir la prisión preventiva de los detenidos, por lo que ordenó la libertad bajo caución. Sin embargo, todavía se esperan los resultados de las pericias informáticas a celulares y otros testimonios.
Con la libertad, los antimineros deberán fijar domicilio y no mudarlo sin poner en conocimiento a la Justicia, comparecer ante Fiscalía toda vez que se los cite, abstenerse de entorpecer la investigación, y tendrán prohibido acercarse a los denunciantes, sus familiares y sus domicilios, como también tienen prohibido acercarse a las sedes del proyecto MARA y del PJ, como establecer contacto telefónico o similar.
Pedido de la Asamblea
Tras celebrar la libertad de los detenidos, la Asamblea El Algarrobo emitió un comunicado en el que aseguró que la lucha continuará "hasta que no haya ningún compañero más judicializado por defender el agua de nuestra cuenca".
"Los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir que no y que no lo escuchen. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa, en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso", expresaron.
"Militarizaron la ciudad, trajeron al grupo de choque Kuntur para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la Policía sin patente en las puertas de nuestras casas hasta la madrugada, indagaron a nuestros vecinos, y aún así quieren instalar que nosotros somos los violentos", sostuvieron.
En este sentido, insistieron en que "metieron infiltrados y liberaron la zona" el sábado 10 de abril y cuestionaron a la fiscal Soledad Rodríguez, quien instruyó las primeras medidas, por "salir a cazar a algunos vecinos".
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